martes, 9 de febrero de 2010

Seis propuestas sobre la violencia escolar

QUÉ DEBEN HACER LOS ALUMNOS, LA FAMILIA, LOS PROFESORES Y EL GOBIERNO



Los expertos piden mano dura, pero también adaptación a los tiempos ante la alarma por los nuevos casos de agresiones en las aulas.

Por Javier Otero 


El Gobierno ha situado este problema como prioridad en su agenda política. Parte de las premisas de practicar una “tolerancia cero”con las agresiones y de que hay que usar nuevas herramientas. Los expertos proponen soluciones.


1. Conocer bien el problema


El Gobierno va a actualizar el único estudio estatal que existe, realizado por el Defensor del Pueblo. Además, en enero pondrá en funcionamiento un Observatorio Estatal sobre la Convivencia Escolar y ha encargado a la catedrática María José Díaz- Aguado la elaboración de unos indicadores de referencia comunes.



Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores de Madrid considera que la explicación del problema se encuentra en “fallos en la educación, padres que no educan, no ponen límites y están generando chicos tiranos”. Además, resalta que los agresores y sus familias “disculpan la actitud de sus hijos. Ante eso, la sociedad se tiene que rearmar”.



"Es terrible que arremetan contra los padres como hemos visto en manifestaciones”, replica Lola Abelló, presidenta de la Confederación de Asociación de Padres (Ceapa), que pide que se evite la confrontación. Otros expertos señalan que la escuela no puede remediar algunas situaciones cuando los padres no pueden dedicarse a fondo a sus hijos por sus obligaciones laborales.




2. Sanciones más duras


El Gobierno va a renovar la normativa sobre convivencia en los colegios. Según explica Pedro Uruñuela, director de Alta Inspección del Ministerio de Educación, el objetivo es conseguir una mayor inmediatez en las sanciones, pero también que tengan carácter educativo, con trabajos comunitarios, y que no se limiten a una expulsión del centro.

Pero, además, la Fiscalía ha decidido perseguir como delito, y no sólo como falta, las agresiones a profesores. En Andalucía, la medida fue solicitada por Comisiones Obreras. María Dolores López, letrada de este sindicato en esta región, sostiene que este cambio sí puede ser disuasorio para los agresores en los casos más graves, a la vez que sirve a los docentes “para sentirse más respaldados”. Este sindicato persigue además que el fiscal intervenga en los casos de agresión, ya que ahora lo deja en manos de la acusación particular. En la Comunidad Valenciana estudian sancionar a los padres de alumnos agresores. Es una medida rechazada desde la Ceapa. Su presidenta, Lola Abelló, advierte de los peligros “de judicializar la vida cotidiana en demasía”.



Javier Urra considera que los casos de agresión de un menor a un profesor no deben ser admitidos y el colegio debe denunciar al alumno. En el caso de un adulto, Urra es favorable a considerarlo como un atentado a la autoridad, como han pedido los fiscales jefe de Cataluña y Andalucía. Este experto va más allá y cree que la asociaciones de padres deberían “denunciar a los chicos que cometen unos hechos continuados”y perseguir “por la vía civil”a los padres de estos alumnos, aunque matiza que “no creo que la solución esté en lo penal, sino en la educación”.



Las agresiones a profesores han provocado protestas de éstos. Carmen Perona, abogada de Comisiones Obreras, recomienda a los profesores que denuncien: “la ley está clara y les protege”. Sin embargo, Perona advierte que la Administración no defiende judicialmente a los profesores cuando son agredidos fuera del recinto escolar y pide que esto cambie. También argumenta que si la Administración asumiera la responsabilidad de denunciar a los agresores cuando los profesores no lo hacen por miedo,“cambiarían las tornas”. Hace cuatro años apenas existían denuncias contra profesores por la vía penal, pero desde hace un año aumentan significativamente. La abogada de Comisiones Obreras asegura que cuando los padres emprenden acciones penales contra los profesores lo hacen por ignorancia, porque desconocen la ley de responsabilidad patrimonial de la Administración, que, si ganaran, les resultaría más lucrativa.
3. Formación en convivencia




El Gobierno, según explica Uruñuela, se ha marcado como objetivo que en tres años todos los centros de Primaria y Secundaria hayan recibido formación en temas de convivencia. Los presupuestos para este año ascienden a 6,5 millones de euros y algo más de 10 para el que viene, e incluso podrían ampliarse. Este mes empiezan a distribuirse materiales para detectar con pruebas específicas quiénes están siendo acosados, los alumnos clave para actuar en el problema, etcétera. Uruñuela señala que estas medidas “no pueden dejarse al voluntarismo”, por lo que hay que encontrar un hueco en los horarios de los profesores. Fete-UGT replica que deben aumentarse las tutorías “y esas horas tienen que estar reconocidas en sus condiciones laborales (salarios y concursos de traslado) para el profesorado”, según su portavoz, Charo López Molina.



Lola Abelló pide cambios en Secundaria, donde “todavía se está trabajando con métodos del siglo pasado, de ‘siéntense y escuchen’ ante lo que niños acostumbrados a participar más están pidiendo a gritos un cambio de dinámicas”. Abelló reclama igualmente que esta formación también llegue a los padres.

4. Educadores sociales


Pedro Uruñuela está convencido de “que hacen falta otros perfiles profesionales”para apoyar a los profesores. La especialista en violencia escolar María José Díaz-Aguado matiza que tampoco se puede “cometer el error de no dar a los profesores el poder, el protagonismo y la responsabilidad que pueden y que quieren tener”, aunque se muestra partidaria de que otros profesionales cualificados ayuden a los profesores.



Los educadores sociales defienden la necesidad de incorporarse a los centros escolares, donde apenas los utiliza la Administración, que en algunos casos ha preferido enviar a la policía a colegios con problemas. Maite Mauricio, presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña, sostiene que su papel es más interesante en tanto que trabajan “dentro y fuera de los muros de la escuela”y están acostumbrados al trabajo en equipos interdisciplinares. Alfonso Tembras, coordinador del Colegio de Educadores Sociales de Galicia, subraya que “las medidas disciplinarias por sí solas no sirven para nada.Hay que ir más allá. Se trata de crear una cultura de convivencia”y defiende que estos profesionales deberían formar parte de los departamentos de orientación de los colegios, de donde hoy están ausentes.



Charo López Molina, de Fete-UGT, recuerda que “siempre hemos dicho que el profesor no es ni padre, ni cura, ni amigo, ni psicólogo, y sin embargo, le exigen ser todo eso.Y el profesor no está preparado para ser todo ello”. El filósofo José Antonio Marina propone que se nombre un inspector en cada provincia encargado únicamente del seguimiento de este problema. Además, defiende el interés de especialistas que asesoren a profesores y alumnos y la creación de la figura del Tutor de Convivencia, en contacto con el inspector y los servicios sociales y los agentes tutores (policías) donde los haya.Marina sostiene que existen estudios que señalan que con estas medidas la violencia puede reducirse en un 70% en dos años.
5. Reconocimiento de la autoridad del profesor




Fete-UGT pide la revalorización de la función docente y que las familias no desautoricen actuaciones del profesorado.



Desde el punto de vista de los padres, Lola Abelló advierte que hay que huir del autoritarismo y que la autoridad se gana con el diálogo: “No se nos da por el mero hecho de ser padres o por tener un título de maestro. Esto es lo que ha cambiado”. Abelló hace hincapié en la importancia de formar a alumnos y profesores en la resolución de conflictos. La especialista María José Díaz-Aguado destaca el interés de programas como los desarrollados en Noruega, también a raíz de una fuerte alarma social por casos de acoso escolar. Estos programas “se basan en una afirmación muy fuerte de la autoridad del adulto contra la violencia”.Aunque funciona más en Primaria. En Secundaria se hace necesario transformar la cultura del grupo de compañeros de forma más compleja. Con este método se ha demostrado que baja la violencia escolar. En este sentido, el filósofo José Antonio Marina reclama que la dirección de los centros escolares movilice a todo el claustro y de un mensaje claro de que “en este centro no se permite la violencia”, además de dedicar los primeros días de clase a explicar las normas de comportamiento.

6. Salidas para los ‘objetores escolares’


Hay alumnos que son objetores escolares a los que hay que darles una solución. No quieren estar en la escuela y son los que provocan conflictos. Una escolarización básica más extensa es un éxito, “pero falló en el desarrollo de esa etapa”, dice la responsable de Fete-UGT, Charo López Molina, quien advierte de que algunos alumnos buscan premeditadamente la expulsión del centro. Desde Ceapa se apuesta por dar respuesta a este problema desde la nueva ley de educación. Javier Urra, por su parte, defiende que se les ofrezcan salidas de formación “pero no tan abstractas, sino de preparación prelaboral”.


Publicado en TIEMPO DE HOY

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